La exprimera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, hizo un llamado a los kiwis (expresión que identifica internacionalmente a los neozelandeses) a votar a favor de legalizar el cannabis con fines recreativos en el referéndum que se lleva a cabo el próximo año.
Clark creó recientemente un grupo de expertos llamado "The Helen Clark Foundation" y acaba de publicar un informe llamado “El caso del SÍ”. El informe recomienda eliminar las condenas menores por cannabis, así como regular un mercado legal donde el cannabis se comercialice de manera responsable.
“¿No es esto [el enfoque actual] una pérdida de tiempo y dinero del sistema de justicia?”, dijo Helen Clark. ¿No tiene la policía mejores cosas que hacer? ¿No seremos capaces de afrontar la realidad de que el 80% de los kiwis consumirá cannabis en algún momento de su vida?”.
Clark dirigió el país de 1999 a 2008, siendo el 37º en ocupar el cargo de primer ministro. Si hubiera ganado su cuarto mandato, Helen Clark dice que habría buscado legalizar el uso recreativo del cannabis.
Sin embargo, su gobierno no ha avanzado significativamente en la política de cannabis, mientras que el gobierno actual ha decidido que los ciudadanos deben elegir si se permite el uso de cannabis en adultos. Los ciudadanos podrán votar si el cannabis recreativo debe legalizarse o no en un referéndum que tendrá lugar el mismo día de las elecciones generales de Nueva Zelanda (posiblemente dentro de un año, alrededor de septiembre de 2020).
Nueva Zelanda tiene uno de los niveles más altos de consumo de cannabis en el mundo, según el Informe Mundial sobre Drogas. Nueva Zelanda legalizó el uso de cannabis medicinal en 2017 y la industria está comenzando a tomar forma. La Fundación Helen Clark cree que Nueva Zelanda debería seguir los pasos de Uruguay, Canadá y varios estados de EE. UU., que han adoptado una actitud más madura hacia el consumo de cannabis.
Ella afirma que un voto por el “sí” en 2020 promoverá los objetivos de salud pública y promoverá una mayor equidad social. Agrega que la prohibición no funciona, no puede erradicar el consumo, y que es una pérdida de tiempo policial, que castiga de manera desproporcionada a la comunidad indígena maorí.
El ex primer ministro quiere que Nueva Zelanda reconozca el uso del cannabis como un problema social y de salud pública, y no como un delito, como defiende el modelo portugués. Clark insiste en que la despenalización no es suficiente y que Nueva Zelanda debe estudiar los desarrollos en Uruguay y América del Norte antes de iniciar una industria comercial regulada.
Además de estas medidas, Clark también aboga por que las personas y comunidades más afectadas por la prohibición se beneficien de los cambios en la ley, brindándoles una oportunidad justa de convertirse en vendedores minoristas y productores. Clark advirtió que los grandes conglomerados de cannabis con fines de lucro no deberían dominar el cultivo y el comercio de Nueva Zelanda.