Opinión
El derecho a la salud y el acceso al cannabis medicinal en Portugal: una promesa constitucional incumplida
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El 31 de mayo de 2025, se celebró en Lisboa la Marcha del Cannabis, donde personas de diversas regiones del país se congregaron para exigir la legalización del cannabis y defender el derecho a cultivar hasta cuatro plantas por persona en casa. Este movimiento cívico volvió a poner en la agenda pública un tema esencial: el acceso justo y equitativo al cannabis con fines medicinales.
En Portugal, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 64 de la Constitución de la República Portuguesa, que garantiza a todos los ciudadanos la protección y la igualdad de acceso a la atención sanitaria. Sin embargo, este derecho fundamental contrasta con la realidad de muchos portugueses en lo que respecta al acceso al cannabis medicinal.
Aunque el cannabis con fines medicinales es legal desde 2018, su adquisición se limita a productos autorizados por Infarmed, disponibles exclusivamente en farmacias y a precios elevados. Estos productos no están subvencionados por el Estado, lo que los hace inaccesibles para muchos pacientes, especialmente para aquellos con bajos ingresos. He aquí la paradoja: existe un derecho reconocido y una sustancia terapéutica legal, pero el acceso real a ella es, para muchos, un espejismo.
Ante esta exclusión económica, algunos pacientes recurren al autocultivo de cannabis como último recurso para aliviar el dolor o tratar enfermedades crónicas. Sin embargo, incluso en estos casos, la legislación portuguesa considera el cultivo un delito, sancionado por el Decreto-Ley 15/93. Los tribunales han rechazado sistemáticamente los argumentos basados en el derecho a la salud o el derecho a la resistencia (art. 21 de la Constitución portuguesa), basándose en la existencia de vías de acceso legales, a pesar de que estas son económicamente inviables y muy limitadas en cuanto a opciones para ciertas patologías.
La pregunta que surge es la siguiente: ¿qué valor tiene un derecho fundamental si no se garantiza a todos, independientemente de su situación económica? Cuando el acceso a la atención médica está condicionado a la capacidad de pago, nos encontramos ante una falacia constitucional.
Lo que se necesita no es la liberalización indiscriminada de los cultivos, sino un Estado que garantice la efectividad de los derechos que proclama.
Si se reconoce el cannabis medicinal como tratamiento, entonces debe garantizarse el acceso igualitario, mediante copago por parte del NHS o mecanismos que protejan a los más vulnerables.
En una democracia digna de ese nombre, los derechos fundamentales no pueden ser privilegios de clase. El derecho a la salud, consagrado en nuestra Constitución, debe vivirse como una realidad concreta y no como una simple promesa formal.
De lo contrario, la Constitución se convierte en letra muerta y los más pobres continúan pagando el precio de la hipocresía legal.
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[Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que este texto fue escrito originalmente en portugués y está traducido al inglés y otros idiomas mediante un traductor automático. Algunas palabras pueden diferir del original y pueden ocurrir errores tipográficos o errores en otros idiomas.]____________________________________________________________________________________________________
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leonardo sousa
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